Volkswacht Bodensee - Bolivia: Presupuesto ambiental en mínimos históricos mientras avanza la deforestación

Bolivia ocupa el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, un estatus que se consolida mientras la Amazonía y otros biomas del país sufren los efectos combinados de incendios forestales, minería ilegal y contaminación. En la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Nacional, las planillas presupuestarias reflejan una causa estructural de esta degradación: la insuficiencia crónica de los fondos ambientales, que quedan ampliamente superados por la inversión estatal en proyectos extractivos y el gasto militar.

Un análisis exhaustivo de las partidas presupuestarias realizado por Mongabay Latam durante los últimos tres lustros revela que la cartera de Ambiente ha operado con recursos marginalmente bajos. Durante los últimos 16 años, este sector recibió en promedio solo el 0,56 % del presupuesto nacional. La asignación alcanzó su punto más bajo en 2015, bordeando el 0,31 % de los fondos totales presupuestados ese año, y registró un pico de crecimiento en 2022 que llegó al 0,97 %. Para el ejercicio fiscal de 2026, se proyecta un leve repunte hasta el 0,89 %, equivalente a 11,8 millones de dólares distribuidos entre la subcartera de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

La situación financiera del sector ambiental se ha visto agravada por cambios estructurales recientes. A finales de 2025, tras la asunción de Rodrigo Paz como presidente, el nuevo gobierno eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reduciendo su estatus a un viceministerio dependiente del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. Esta reestructuración ha tenido implicaciones directas en la capacidad operativa y la visibilidad política del sector.

Para el año 2026, al Viceministerio de Medio Ambiente se le asignaron 56.409.789 bolivianos (aproximadamente 5,1 millones de dólares), una cifra que representa apenas el 0,01 % de todo el presupuesto nacional. Por su parte, al Sernap se le destinaron 73.819.217 bolivianos (más de 6 millones de dólares) para gastos de funcionamiento y presupuesto de programas multisectoriales, lo que constituye el 0,02 % del gasto público total.

Cecilia Requena, diputada de la bancada Alianza Unidad, calificó esta realidad como un problema de "ceguera insistente" e imperdonable. En diálogo con Mongabay Latam, la legisladora de la oposición afirmó que las consecuencias de esta negligencia son sistémicas e inviabilizan el desarrollo sostenible que se pretende promover. "Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos ambientales", reclamó Requena, señalando que se trata de un gravísimo error de concepción sobre lo irreversible, como es la contaminación de los ríos con mercurio derivada de la minería de oro.

Requena añadió que la situación económica de la gestión ambiental empeoró significativamente con la decisión de eliminar el ministerio. "Esa fue una visión retrógrada y que nos pasará factura no solo por el patrón extractivista, sino también por los fenómenos naturales, como El Niño", advirtió. La diputada cuestionó además que, aunque entre 2004 y 2014, en épocas de bonanza económica, se hizo énfasis en mejorar y consolidar un buen presupuesto ambiental, en la práctica sucedió lo contrario y se aprobaron leyes que facilitaron la devastación.

Pablo Solón, director de la Fundación Solón, señala que Bolivia es el país más deforestado del mundo si se considera la superficie perdida en función al tamaño del territorio. Dado que su extensión es siete veces menor que la de Brasil, las cifras del último informe global del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI) confirman que Bolivia ha perdido más bosque en términos relativos.

Solón argumenta que ningún gobierno en los últimos 30 años ha priorizado el sector ambiental. La débil situación financiera se refleja en la ausencia de programas públicos para atender la crisis. "Bolivia siempre ha tenido una política de que los gastos de inversiones recaen sobre todo en la cooperación internacional y aún con esa inversión de la cooperación no se supera el 1 % del presupuesto general del Estado", afirmó el especialista.

En cuanto a la deforestación, Solón sostiene que no existe una política pública para atacar las causas raíz, ya que las acciones gubernamentales suelen ser reactivas, limitándose a actuar cuando los incendios ya devoran la cobertura boscosa. "Las políticas fundamentalmente deberían estar orientadas a frenar la expansión de la frontera agropecuaria, elevar las sanciones a quienes deforestan de manera ilegal, asumir mecanismos de control preventivo muy fuertes para evitar que los incendios se expandan, derogar las leyes incendiarias y tener una normativa que realmente busque preservar el bosque", explicó. Para Solón, el problema central es político, no solo financiero.

El análisis de Mongabay Latam incluyó contactos con el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila. Durante agosto, Ávila indicó que enviaría su opinión sobre el presupuesto ambiental de la gestión de Paz. Dos semanas después del primer contacto, afirmó no tener autorización del entonces ministro de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Fernando Romero. Poco después, esa cartera fue eliminada por el presidente. Un tercer intento de contacto a mediados de octubre no obtuvo respuesta.

Actualmente, las funciones ambientales dependen del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, dirigido por el agroempresario Óscar Justiniano. Leonardo Tamburini, director de la organización Oré, dedicada a la defensa de derechos territoriales indígenas y conservación ambiental, observa que mientras el presupuesto ambiental desciende cada año, las políticas a favor del agronegocio y la ganadería ganan protagonismo. En 2024, Bolivia perdió cerca de 12 millones de hectáreas debido a incendios, marcando el año más crítico para el país.

"Cada año va en aumento la lógica de la producción, de la productividad y después el cobrar cada vez menos en multas por quemas o con algún 'perdonazo'. Al final, se recaudaba, pero no volvía ese dinero a los órganos para poder fortalecer su capacidad de fiscalización y control. Con eso, la capacidad técnica disminuyó y los funcionarios fueron de menor preparación", remarca Tamburini.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), creada en 2009 para regular el uso sostenible de recursos forestales y tierra, controla también el tráfico ilegal de madera y delitos ambientales. Sin embargo, Tamburini señala que más del 70 % de lo que la ABT recauda por multas va al Estado central y no regresa a la entidad para fiscalización. "La ABT está generando recursos y tiene que ser responsable del control y la fiscalización de 103 a 106 millones de hectáreas, pero solo le dan el 20 % o 30 % de lo que está recaudando. Entonces, así es muy complicado", dice.

A esto se suma la flexibilización de normas que penalizan las infracciones forestales y la aprobación de "perdonazos" que extinguen multas tras diez años de impago. Tamburini identifica así un problema político, normativo y estructural.

Stasiek Czaplicki, economista ambiental e investigador, explica que el rubro de bosques y conservación quedó "muy desatendido" en los últimos 30 años. Sus principales entidades, como el Sernap y la ABT, contaron con presupuestos muy bajos, financiados mayoritariamente por cooperación internacional. "Esto representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente", recalcó Czaplicki. El presupuesto de la ABT rondaba los 170 millones de bolivianos (15,4 millones de dólares) anuales hasta 2013, pero descendió a apenas 50 millones de bolivianos (4,5 millones de dólares) en años recientes, pese a que la entidad recauda alrededor de tres veces más (14,5 millones de dólares) mediante permisos y sanciones. El problema, según el experto, no es la falta de recursos potenciales, sino su asignación efectiva.

La falta de presupuesto impide atender eficientemente las 23 áreas protegidas de alcance nacional. Un diagnóstico del Sernap indica que la entidad requiere 158 millones de bolivianos (14,3 millones de dólares) para un funcionamiento adecuado. Los 6,7 millones de dólares asignados condenan a la entidad a una "vigilancia insuficiente", "control territorial limitado" y "dificultades operativas", manteniendo su dependencia de la cooperación internacional.

Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), ha pedido a los gobiernos asegurar la estabilidad laboral de los guardaparques. "Estamos planteando que el Sernap y cada reserva puedan buscar otro tipo de mecanismos alternativos sostenibles... Pero lo importante es que todos los guardaparques sean personal de planta y no haya contratos eventuales", remarca. Uzquiano señala como urgente el fortalecimiento integral para lograr recursos para logística, uniformes, campamentos y mejoras laborales.

Cada reserva enfrenta amenazas como narcotráfico, minería ilegal, tala, invasiones, incendios y proyectos petroleros, sumado a la reducción interna de guardaparques y recursos. Según la Liga Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el presupuesto y personal actuales solo alcanzan para cubrir el 9 % del territorio de estas reservas, lejos del 22 % que representan los santuarios naturales en Bolivia. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) cuenta con 270 guardaparques para vigilar 17 millones de hectáreas, lo que implica que cada uno supervisa en promedio 62.962 hectáreas.

Pablo Solón insiste en que el dinero externo o reasignaciones del Presupuesto General del Estado resultan "absolutamente secundarios" frente a una política de apertura de áreas protegidas a la explotación minera promovida por el gobierno de Paz. "De nada sirve conseguir el financiamiento si vamos a aplicar las políticas en las áreas protegidas a actividades extractivas como lo está planteando el actual gobierno", resaltó.

Tamburini coincide en que no se puede hablar de financiamiento para áreas protegidas cuando el gobierno negocia con mineros cooperativistas el ingreso a reservas para explotar oro. "No hay que caer en la tentación de financiar las áreas protegidas con actividades extractivas... Hay decretos vigentes de la época de Evo Morales que autorizan esta situación: no se permite desmontar, pero sí se permite una actividad petrolera o minera", alerta. Tamburini pone el foco también en la violencia vinculada a la minería ilegal y el narcotráfico, que pone en riesgo la vida de los guardaparques sin equipos adecuados.

Bolivia es uno de los más de 190 países comprometidos con la meta 30×30 del Marco Global para la Diversidad Biológica, buscando proteger al menos el 30 % de su superficie para 2030. La pregunta central es cómo alcanzará esta meta sin políticas concretas y presupuesto insuficiente.

El análisis de Mongabay Latam muestra que mientras el promedio histórico del presupuesto ambiental es del 0,56 %, otros sectores crecen exponencialmente. El Ministerio de Defensa tiene tres veces más asignación financiera que el de Ambiente. Los cinco ministerios con mayor concentración de recursos entre 2011 y 2026 son: Gobierno (17,94 %), Defensa (16,48 %), Salud y Deportes (12,73 %), Presidencia (10 %) y Obras Públicas (8,13 %).

Salud y Deportes muestra el mayor crecimiento absoluto: 422,5 % entre 2011 y 2026, pasando del 8,3 % al proyectado 21,5 % del presupuesto nacional. El Ministerio de la Presidencia creció un 370,9 %. Seguridad y Defensa también son prioritarios: el Ministerio de Gobierno aumentó su presupuesto un 161,4 % en 16 años, y el de Defensa un 48,1 %.

Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, afirma que el peso real de la protección ambiental apenas promedia un marginal 0,56 % desde 2011. "La Madre Tierra sigue siendo un actor secundario en las finanzas públicas", dijo. Colque cuestiona que la crisis climática se combata con discursos millonarios pero billeteras vacías, destacando que la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015 con el humillante 0,3 % asignado al sector ambiental.

T.Ziegler--VB