Volkswacht Bodensee - EEUU imputa a 27 presuntos miembros de banda venezolana Tren de Aragua

La temida pandilla Tren de Aragua es un objetivo de alto perfil para la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La declaró organización "terrorista" e invocó una ley de 1798 para arrestar y deportar a El Salvador a migrantes que acusó, sin presentar pruebas, de pertenecer a esa banda y a la salvadoreña Mara Salvatrucha.

El fiscal federal en funciones del distrito sur de Nueva York, Matthew Podolsky, dijo que entre los acusados había presuntos miembros, exmiembros y asociados del Tren de Aragua.

De los 27 acusados, 21 estaban bajo custodia federal y cinco más fueron arrestados entre el domingo y el lunes en Nueva York y otras jurisdicciones, según el comunicado.

Los cargos incluyen asesinato, tiroteos, trata de mujeres para explotación sexual, extorsión y narcotráfico, dijo el departamento.

El 15 de marzo, Trump envió dos vuelos con presuntos miembros de la banda con destino a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, un caso que ha derivado en un choque de poderes en las cortes estadounidenses.

Abogados de varios de los venezolanos deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros han dicho que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, que no habían cometido delitos y que fueron señalados en gran medida por sus tatuajes.

El 7 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump recurrir a esta ley del siglo XVIII, que solo se había aplicado en tiempos de guerra, para deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua.

Sin embargo, el sábado la corte suspendió la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña "hasta nueva orden".

"No podemos juzgar a todo el mundo, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años", dijo el presidente estadounidense en una publicación en redes sociales el lunes.

Uno de los casos que más ha generado preocupación internacional es el de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y encarcelado en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, pese a una orden judicial que prohibía su expulsión.

El gobierno de Estados Unidos admitió la equivocación, pero se niega a gestionar su regreso alegando que ya no está bajo su jurisdicción.

J.Sauter--VB