Volkswacht Bodensee - La justicia alemana rechaza la demanda de un agricultor peruano contra un grupo energético

La Corte de Apelaciones de Hamm, en el oeste de Alemania, reconoció sin embargo el principio de responsabilidad global de las energéticas.

"Si existe una amenaza de daño, el responsable de las emisiones de CO2 puede estar obligado a tomar medidas preventivas (...) [o] a asumir los costes en proporción a su cuota de emisiones", dictaminó el tribunal.

El caso empezó con la demanda de Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, que sostenía que RWE, una de las mayores emisoras de dióxido de carbono del mundo, debía compartir el coste de proteger su ciudad natal, Huaraz, de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse por el deshielo.

La Corte de Apelaciones no reconoció sin embargo riesgo importante de inundación, un requisito previo para examinar la cuestión de la posible responsabilidad de RWE en el caso.

El agricultor no podrá solicitar una revisión del juicio y deberá pagar los costes de aquel, según el fallo.

- Lucha de expertos -

El caso poseía una dimensión jurídica crucial, ya que RWE no tiene centrales en Perú y, por tanto, ningún vínculo directo con la localidad del demandante ni con los efectos locales del calentamiento global.

El agricultor y las organizaciones que lo apoyan querían que RWE sirviera de ejemplo de la responsabilidad jurídica global que, en su opinión, tienen las empresas energéticas sobre el cambio climático.

Lliuya y la oenegé Germanwatch exigían que el gigante energético alemán pagase una indemnización proporcional a su parte de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial, que estimaron en un 0,38% en un estudio.

La casa del peruano estaría amenazada por el deshielo de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha, en la cordillera central, acelerado por el cambio climático.

Según el ingeniero Rolf Katzenbach, citado por el tribunal, el riesgo en los próximos 30 años se sitúa en torno al 1%, tras una estimación inicial del 3%.

Sin embargo, Lukas Arenson, un experto convocado por la parte demandante, alegó que el estudio de Katzenbach subestima los efectos futuros del cambio climático.

Por otra parte, el equipo jurídico de Lliuya pidió, sin éxito, que se anulara el testimonio de Katzenbach, alegando que estaba sesgado porque el ingeniero supuestamente tenía vínculos con una filial de RWE.

"Seguimos adelante", declaró Roda Verheyen, abogada del peruano, tras este fracaso.

La primera acción legal de Lliuya se remonta a 2015 en el tribunal de Essen, sede de RWE, donde reclamó 17.000 euros a la empresa para proteger a su comunidad de las inundaciones.

El tribunal desestimó la demanda, pero el tribunal superior de Hamm admitió en 2017 un recurso de apelación.

- "Paso adelante" -

La decisión suscitó esperanzas entre los defensores del medio ambiente que esperaban que el caso sentara un precedente en cuanto a la "justicia climática global", un concepto político según el cual el Norte contaminante debe compensar a los países del Sur víctimas de la contaminación.

Verheyen esperaba que el tribunal confirmase un principio sin precedentes: que una empresa debe responder de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

"Esto enviaría un mensaje muy importante a los tribunales de todo el mundo", añadió Noah Walker-Crawford, investigador que asesora al equipo jurídico de Lliuya, y sería "un enorme paso adelante".

Por su parte, RWE sostiene que los efectos del cambio climático no pueden atribuirse legalmente a emisores concretos.

"De lo contrario, cualquiera podría demandar a cualquiera a causa del cambio climático", declaró a AFP un portavoz de la compañía energética, añadiendo que esta "ha cumplido en todo momento todas las normas legales relativas a las emisiones de CO2 en el curso de sus actividades comerciales".

D.Schaer--VB