Volkswacht Bodensee - Nueva jornada de protestas contra minera en Panamá pese a llamado a la calma

Por segundo día consecutivo, agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras en ciertos puntos de la capital de Panamá y en otras ciudades.

"Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública, y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados", aseguró Cortizo, en un mensaje en televisión.

Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital y en algunos sectores del centro de Panamá los manifestantes quemaron neumáticos y colocaron escombros.

"Esta patria no se vende, esta patria se defiende", corearon los manifestantes. En algunas zonas de este país centroamericano, las protestas, en las que participan maestros, médicos, obreros y otros gremios, fueron de cientos de personas.

Las protestas, lideradas por el poderoso sindicato de la construcción, iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó, en tres debates en menos de 24 horas, la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals.

La sanción presidencial en la misma noche del viernes desató más la ira de los manifestantes, que consideran "inconstitucional" el contrato, que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente.

La ley selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.

"Tomamos la decisión correcta. No la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años" se llegó al acuerdo en 2023, aseguró el presidente.

El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB.

"Estamos en desacuerdo con este contrato por razones ambientales, sociales, económicas y democráticas. Esta aprobación a sangre y fuego es una lesión muy grave al país", afirmó Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental.

D.Bachmann--VB