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Los portugueses se movilizan contra la crisis de la vivienda
"¡Tememos que nos echen a la calle en cualquier momento!", explica preocupada Alcina Lourenço, una ciudadana de Lisboa afectada por la crisis de la vivienda, que el gobierno portugués no logra superar pese a las medidas anunciadas recientemente.
Juzgando como ella que la acción del ejecutivo socialista es insuficiente, miles de portugueses manifiestan el sábado en las calles de la capital y de una veintena de otras ciudades en defensa del derecho a la vivienda a petición de un centenar de asociaciones.
De la noche a la mañana, Alcina, de 49 años, vio su alquiler multiplicado por 20, pasando de 30 a 600 euros (de 32 a 635 dólares). Incapaz de hacer frente a esta situación, se le pidió que abandonara su departamento situado en un barrio del centro de Lisboa, donde vive desde los seis años.
"No sé a dónde ir", lamenta esta mujer que cuida de su padre de 89 años en silla de ruedas y de su marido de 61 años, enfermo de cáncer.
La crisis de la vivienda se está agravando desde que Portugal, amenazado de quiebra, recurrió en 2011 a una ayuda financiera internacional.
Para reponer sus arcas y satisfacer las exigencias de sus acreedores, el país se abrió a los capitales extranjeros gracias a una serie de medidas como los "visados dorados" -permisos de residencia concedidos a ricos inversores- o ventajas fiscales para los pensionistas extranjeros y los "nómadas digitales".
Estos inversores contribuyeron en gran medida a dinamizar el mercado inmobiliario y a la renovación de las grandes ciudades, que ven proliferar las viviendas turísticas de corta duración en respuesta a la afluencia de visitantes.
Según un estudio de la fundación portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 y 2021 el coste de la vivienda aumentó 78% en Portugal, frente a 35% en el conjunto de la Unión Europea.
En el segundo trimestre de 2023, la renta media volvió a subir un 11% anual, según datos oficiales publicados esta semana.
- Brecha entre salarios y precios de vivienda -
La llegada de los inversores extranjeros "desequilibró el mercado" ampliando la brecha "entre los salarios y los precios de la vivienda", detalla a la AFP Agustín Cocola Gant, investigador del instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la universidad de Lisboa.
Casi una cuarta parte de los activos portugueses vive con un salario mínimo mensual de 886 euros (937 dólares), destaca.
La subida de las tasas de interés decidida por el Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la crisis inflacionaria hizo aún más dramática la situación en un país donde 87% de los titulares de préstamos hipotecarios están sujetos a tasas variables.
"Mi mensualidad pasó de 400 a 647 euros" (423 a 685 dólares), relata Claudia Martins, una profesora de 40 años que vive sola en el suburbio norte de la capital.
Pidió un préstamo para comprar un apartamento en 2021, con el fin de reducir su presupuesto de vivienda. "Pero hoy sobrevivo", destaca esta mujer, que tuvo que buscar un segundo empleo.
Para ayudar a cerca de un millón de familias, el gobierno decidió la semana pasada permitir a los prestatarios beneficiarse de una tasa reducida durante dos años.
Este mecanismo se suma al conjunto de medidas presentado en marzo para frenar el aumento de los precios, que prevé el fin de los "visados dorados" o el alquiler obligatorio de departamentos vacantes desde hace más de dos años en las regiones más pobladas.
Pero este programa no es acogido de forma unánime. Después del veto del presidente en agosto, la mayoría socialista en el Parlamento lo revocó la semana pasada a pesar de las críticas de la oposición, tanto de izquierda como de derecha.
"El gobierno no tiene el valor de regular el mercado" e insiste en "medidas que no tendrán ningún efecto", lamenta Rita Silva, militante de la asociación por el derecho a la vivienda Habita, una de las organizadoras de las manifestaciones del sábado.
L.Maurer--VB