Volkswacht Bodensee - Una oenegé denuncia que Bukele tiene a decenas de "presos políticos" en El Salvador

Entre las 86 personas detenidas está la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, la reconocida organización humanitaria que presentó en Guatemala un informe sobre "persecución política" en El Salvador.

"Por primera vez después de los acuerdos de paz (1992), del conflicto armado, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador", aseguró René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en rueda de prensa.

La mayoría, según la organización, son defensores de derechos humanos críticos de la guerra antipandillas de Bukele, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.

Bukele, quien dice no importarle que lo llamen "dictador", gobierna bajo estado de excepción. La criminalidad se redujo a mínimos históricos según datos oficiales. Unas 91.000 personas han sido detenidas sin orden judicial, señaladas de ser pandilleros o cómplices.

Pero según Cristosal, que en julio pasado se trasladó de El Salvador a Guatemala aduciendo una persecución de Bukele, hay miles de inocentes detenidos y graves violaciones a los derechos humanos.

"En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue", subrayó por su parte el director de Cristosal, Noah Bullock.

- "Miedo a levantar la voz" -

Los casos de "persecución política" ascienden a por lo menos 245 -entre ellos los detenidos-, pero podrían ser muchos más, según el informe de Cristosal.

La oenegé señaló que la persecución "se ha consolidado como un mecanismo de control autoritario". Siete personas han sido condenadas.

Se ha desatado, agregó, una estrategia de "criminalización penal" como "mecanismo de represión", especialmente desde 2021 cuando el gobierno tomó el control de las instituciones de justicia, indicó el reporte.

El hostigamiento incluye amenazas, seguimientos, estigmatización pública, presión directa, acciones judiciales no penales y el "uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado", detalló.

Son "patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela", donde cientos de disidentes han sido encarcelados por motivaciones políticas, apuntó el informe.

Ruth López, una reputada abogada considerada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional, fue detenida el 18 de mayo de 2025 tras ser acusada de peculado y enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno.

"En El Salvador se vive un estado permanente de miedo. La gente tiene miedo a levantar su voz, a defender a otros", agregó Valiente.

Este jueves, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el activista salvadoreño Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 cuando asesoraba a una comunidad en riesgo de desalojo por un conflicto de tierras.

Para esta oenegé, su caso muestra la "criminalización" de la defensa de los derechos humanos y el abuso de la prisión preventiva.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, así como un ambientalista y un líder comunitario están también detenidos desde hace un año.

La existencia de presos políticos supone un gran retroceso, pues estos casos no se veían desde la guerra civil que sufrió El Salvador de 1980 a 1992, subrayó Cristosal.

O.Schlaepfer--VB