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Inversión en México: récord histórico pero cautela por la llegada de nuevo capital
Aunque México registró un récord histórico de 34,968 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, el 88.5% correspondió a reinversión de utilidades. La llegada de nuevo capital se mantiene cautelosa debido a la complejidad del marco jurídico vigente y las políticas fiscales.
México enfrenta una paradoja económica en el primer semestre de 2026: por un lado, los indicadores de captación de capital alcanzan niveles sin precedentes; por otro, la llegada de nuevo dinero extranjero se mantiene estancada. Durante estos primeros seis meses del año, el país atrajo 34,968 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), estableciendo un máximo histórico para este periodo. No obstante, el análisis detallado revela que el 88.5% de esta cifra provino de la reinversión de utilidades por parte de empresas ya establecidas en territorio nacional, mientras que las nuevas inversiones sumaron apenas 2,726 millones de dólares, representando el 7.8% del total.
Esta dinámica ha generado un clima de cautela entre los analistas y el mercado financiero. Los anuncios de inversión han caído un 55% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que sugiere que, si bien las empresas existentes continúan apostando por la economía mexicana, los inversores potenciales externos aún no toman la decisión final de entrar al mercado. La ventaja competitiva para invertir en el país ya no depende únicamente de la disponibilidad de capital, sino de la capacidad de navegar un marco jurídico en rápida evolución.
El contexto del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) muestra una tendencia compleja. En 2025, México experimentó un año excepcional con operaciones valoradas en 22,500 millones de dólares, un incremento del 52% que lo posicionó como el segundo mercado más importante de América Latina, detrás de la región que movilizó un total de 114,300 millones. Esta tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2026, con 69 transacciones reportadas por PwC México por un valor aproximado de 22,600 millones de dólares. Sin embargo, los datos más recientes indican una desaceleración: según el boletín de 414 Capital, en septiembre de 2026 se registraron 13 transacciones por 2,370.5 millones de dólares, lo que representa una caída del 30.6% interanual. En lo acumulado del año, el número de operaciones disminuyó un 12.1% y el monto revelado cayó un 9.9%.
José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abordó esta situación en un encuentro organizado por Actinver. Señaló que el riesgo percibido al invertir en México es relativo cuando se compara con la inestabilidad geopolítica en Europa. Destacó ventajas estructurales difíciles de replicar, como la proximidad con Estados Unidos, la calidad del talento humano, la cultura empresarial y la infraestructura existente. No obstante, Medina Mora también identificó obstáculos críticos que frenan la inversión. La extorsión ha aumentado significativamente, con una denuncia por cada hora, aunque se estima que esto representa solo el 3% de los casos reales. Además, algunas inversiones se desvían hacia países como Tailandia y Brasil debido a la disponibilidad energética en esas naciones.
Uno de los factores más determinantes para la decisión de inversión es la posición recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La fiscalización intensiva ha detenido numerosos proyectos, obligando a los asesores legales a dar al due diligence fiscal la misma prioridad que al análisis comercial. Esto implica negociar con extrema precaución las declaraciones, garantías e indemnidades fiscales en cada operación.
En el ámbito institucional, el canciller Roberto Velasco aprovechó el vigésimo aniversario del Fondo de Fondos para destacar el posicionamiento de México. El país ocupa el séptimo lugar mundial en estudiantes de ciencia, ingeniería y matemáticas, y el quinto como la economía emergente más confiable. Presentó el Plan México como un pilar fundamental para atraer inversión, haciendo referencia a los fondos soberanos de Noruega, Singapur y el Golfo Pérsico. La recapitalización del Fondo de Fondos por 233 millones de dólares, mediante Nafin y Bancomext, busca catalizar el capital privado de etapa temprana, aunque su impacto real en las cifras del sector aún no es visible y deberá medirse en los próximos trimestres.
Para los inversores, la clave reside en cuatro frentes jurídicos que requieren atención inmediata. El primero es la infraestructura estratégica. La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar establece un marco de participación público-privada en sectores como energía, transporte, agua, salud y tecnología. Los Lineamientos del 7 de octubre de 2026 fijan un capital de riesgo entre el 16% y el 25% del valor de la obra, asignando entre 25 y 50 puntos a la propuesta económica en la evaluación. Aunque el plan contempla 5.7 billones de pesos para el periodo 2026-2030, este monto no garantiza por sí solo la financiabilidad. Las próximas licitaciones carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) serán determinantes para evaluar si las fuentes de pago y la distribución de riesgos son claras enough para atraer compromisos a largo plazo.
El segundo frente es el control de inversión extranjera. La reforma a la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el Senado y sin cambios por la Cámara de Diputados, refuerza la revisión por motivos de seguridad nacional en adquisiciones superiores al 49% en empresas de sectores estratégicos. Incorpora a las Secretarías de Marina, Defensa, Seguridad y la Agencia de Transformación Digital a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Este mecanismo alinea a México con jurisdicciones como Estados Unidos y su comité CFIUS. Aunque el umbral de activos que activa la revisión aún no está definido por la CNIE, se ha convertido en una condición suspensiva para muchas operaciones, requiriendo ajustes en calendarios y cláusulas de terminación, siempre cuidando la congruencia con los compromisos del T-MEC.
El tercer frente es la competencia económica. La sustitución de la COFECE por la Comisión Nacional Antimonopolio ha generado confusión, pero el marco legal está completo. Lo crucial es observar cómo la nueva comisión resuelve las concentraciones y notificar con el rigor establecido. El cuarto frente son los incentivos fiscales. Los decretos de mayo de 2026 incluyen la autorización inmediata de inversiones y una ventanilla única de comercio exterior. Hacienda ha subrayado la deducción inmediata de hasta el 91% de las inversiones en activos fijos nuevos, con un adicional del 25% en capacitación e innovación. El Paquete Económico 2027 propone un trato preferente al capital repatriado. Sin embargo, es vital notar que para inversiones a partir de 2027, los porcentajes de deducción bajan a un rango del 35% al 89%, lo que otorga valor estratégico a concretar inversiones antes del cierre de 2026.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) seguirá vigente al menos diez años, con revisiones anuales, aunque no se prorrogará por 16 años como solicitaban México y Canadá. Esto implica una certidumbre renovable que debe traducirse en contratos con ajustes de precio y cláusulas de cambio material adverso. Si las reglas de origen se endurecen, la proveeduría regional podría volverse aún más atractiva.
La reforma judicial también obliga a replantear la resolución de disputas. Cada vez más operaciones recurren al arbitraje con sede neutral, al seguro de declaraciones y garantías (R&W insurance) para cerrar tratos pese a la incertidumbre, y a mecanismos de salida vinculados a cambios regulatorios. El precio contingente, con pagos sujetos a hitos, gana terreno para cerrar brechas de valuación cuando el riesgo técnico impide fijar el precio total al cierre. Estas herramientas ya son buena práctica, no un lujo.
México mantiene sus ventajas estructurales intactas, pero estas por sí solas no bastan. La ventaja competitiva será para quienes entiendan primero las nuevas reglas —los lineamientos de infraestructura, el filtro de inversión extranjera y las revisiones del T-MEC— y las traduzcan en estructuras que repartan adecuadamente el riesgo. Mientras el Estado convierte leyes en proyectos financiables, los inversores deben mejorar su diligencia y diseñar mejores coberturas. La pregunta central ya no es si México es atractivo, sino quién estará listo cuando el capital nuevo decida entrar.
B.Baumann--VB