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La controversia crece en torno a los ataques de EEUU contra supuestas narcolanchas en el Caribe
Los ataques contra tres lanchas en el Caribe que supuestamente llevaban droga a bordo, con un saldo de al menos 14 muertos, provocan un creciente debate dentro y fuera de Estados Unidos, un país que ha recurrido en el pasado a medidas similares en otras regiones.
Donald Trump justifica esos ataques por el daño a la salud pública y el peligro para la seguridad nacional que implica el narcotráfico en su país.
"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", justificó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump llegó a amenazar a los narcos que decidan llevar sus cargas por vía terrestre hasta las fronteras estadounidenses.
"El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas", reaccionaron el martes expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", añadieron los tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.
Trump "parece estar reclamando una licencia para matar fuera de la ley, porque no han demostrado que esto sea legal, y ni siquiera han intentado seriamente presentar un argumento en ese sentido", dijo Brian Finucane, especialista en contraterrorismo y consejero del International Crisis Group.
- "Despreciable e insensato" -
La "guerra contra el terror" que desató Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 necesitó de toda una batería de leyes y órdenes ejecutivas que a día de hoy siguen generando discusión.
Uno de los puntos culminantes fueron los ataques con drones en países como Somalia o Yemen. Esos ataques mortales, contra ciudadanos estadounidenses, acabaron ante la justicia, que descartó la demanda de las familias en dos ocasiones, bajo la presidencia de Barack Obama, en 2010 y 2012.
Los tribunales optaron por no inmiscuirse en un tema de seguridad nacional.
Estos nuevos ataques, que según Estados Unidos se produjeron en aguas internacionales, tuvieron como objetivo presuntos narcotraficantes extranjeros.
La oposición demócrata ha criticado de todas maneras este proceder.
"No existe autoridad legal que permita al presidente matar personas en aguas internacionales basándose en acusaciones sin pruebas ni debido proceso", dijo el representante demócrata Don Beyer en X.
El senador Rand Paul, republicano y una voz libertaria en el Congreso estadounidense, chocó con el vicepresidente, JD Vance, tras el primer ataque a principios de este mes, diciendo que es "despreciable e insensato" el hecho de "glorificar que se mate a alguien sin un juicio".
Al menos una de las lanchas destruidas en los ataques de las fuerzas navales se dirigía a las costas de Trinidad y Tobago, cuyas playas acostumbran a ser lugar de desembarco de narcotraficantes.
"Yo, junto con la mayor parte del país, me alegro de que el despliegue naval de los Estados Unidos esté teniendo éxito", reaccionó la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, después del primer ataque.
"El dolor y el sufrimiento que los cárteles han infligido a nuestra nación es inmenso. No tengo simpatía por los traficantes". añadió.
L.Wyss--VB