Volkswacht Bodensee - El novio de una figura de la derecha española acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente"

El Tribunal Supremo dirime desde el lunes, en un proceso inédito, si Álvaro García Ortiz -fiscal general nombrado en 2022 a propuesta del gobierno del socialista Pedro Sánchez- filtró a la prensa un documento sobre el caso de González Amador para dañar la imagen de su pareja, la influyente conservadora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante la primera sesión de este juicio el fiscal general negó el lunes ser autor de la filtración de un correo confidencial en el que el empresario proponía un pacto al Ministerio Público para reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel.

"Con la publicación del email, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. ¡Yo estaba muerto!", lamentó este martes González Amador ante los jueces.

"El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. Me había destrozado por completo", agregó aludiendo a los daños "terribles" que esto le causó.

El inicio del caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda.

El 2 de febrero, el abogado del empresario envió un correo al fiscal proponiendo un pacto: reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel.

Más de un mes después, el 13 de marzo, una radio y una televisión revelaron el contenido de ese email, que sembraba dudas sobre la inocencia del novio de Ayuso.

Aquella filtración desató una tormenta. González Amador denunció a García Ortiz, alegando que solo el fiscal general tuvo acceso al documento y que lo remitió a los medios para perjudicar a Ayuso.

El empresario, que pronto será juzgado por el presunto fraude fiscal que desató este proceso, reconoció que sí pidió a sus abogados que llegaran a un acuerdo "rápido y sin ruido" con la justicia para que el caso no se utilizara contra su pareja. Pero negó que conociera el contenido del correo que sus abogados enviaron a la fiscalía.

Isabel Díaz Ayuso acusa al entorno de Pedro Sánchez de tejer operaciones para perjudicarla, mientras que García Ortiz asegura que es víctima de una campaña orquestada por el gobierno regional de Madrid para desviar el foco del fraude de González Amador y proteger a Ayuso.

Expuesto a posibles penas de varios años de cárcel e inhabilitación, el fiscal general será el último en tomar la palabra el 12 de noviembre.

R.Fischer--VB