Volkswacht Bodensee - Corte Suprema de EEUU levanta restricciones a deportaciones a terceros países

En el poder desde enero de 2025, el presidente Donald Trump prometió expulsar a millones de indocumentados y ha tomado medidas para acelerar las deportaciones.

El mandatario ha impulsado los envíos de inmigrantes a terceros países, ante el rechazo de los países de origen a readmitir a las personas expulsadas.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, aceptó un recurso de urgencia presentado por el gobierno de Trump para suspender el fallo de una corte inferior que ponía límites a este tipo de deportaciones.

Según el fallo que fue revisado por la Corte Suprema, las personas en proceso de deportación debían ser notificadas previamente sobre su país de destino, para que pudieran alegar una eventual persecución.

La Corte decidió que examinará el fondo del caso en diciembre.

Los tres jueces liberales del tribunal, conformado por nueve magistrados, rechazaron el pedido del gobierno.

El procurador general de Estados Unidos ante la Corte Suprema, John Sauer, sostuvo que las deportaciones exprés a terceros países eran "una herramienta esencial para expulsar a determinados extranjeros", incluidos delincuentes peligrosos.

El fallo del tribunal inferior "creó importantes problemas logísticos" para las expulsiones, adujo.

- "Indefendible" -

Una investigación de la AFP reveló que Estados Unidos ha ofrecido acuerdos multimillonarios a terceros países, especialmente en África, para que reciban a los deportados.

Incluso ha amenazado con restricciones de visado.

Una vez en estas naciones -y fuera de la jurisdicción estadounidense-, los deportados han sido víctimas de abusos por parte de guardias locales, detenciones indefinidas o una rápida expulsión a sus países de origen.

Según una investigación publicada la semana pasada, Estados Unidos ha deportado a más de 25.000 personas bajo acuerdos confidenciales con 35 países para que reciban a migrantes sin vínculos con esas naciones.

La pesquisa de Forbidden Stories concluyó que el gobierno ha destinado 410 millones de dólares para pagar a los países receptores o a agencias de Naciones Unidas con el fin de que faciliten los retornos.

La mayoría de los deportados —alrededor de 20.000— fueron enviados a México. El resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, y se han cerrado acuerdos con otros siete gobiernos.

El Congreso ha establecido como política de Estado no deportar personas a países donde sus vidas correrían peligro o pudieran ser víctimas de tortura.

Tras la decisión del alto tribunal, algunos legisladores demócratas pidieron pasos más formales para impedir estas deportaciones y garantizar el debido proceso.

"El Congreso debe intervenir. Nadie debería ser enviado a un país que no es el suyo sin las garantías básicas del debido proceso ni una oportunidad real de expresar temores legítimos por su seguridad", escribió en X la congresista demócrata Lois Frankel.

Rob Menendez, otro congresista demócrata, calificó la decisión de la Corte Suprema de "indefendible".

"Los contribuyentes no deberían financiar el desarraigo de personas del único hogar que han conocido, ni nuestro sistema judicial debería acelerar estas deportaciones unilaterales", apuntó.

K.Sutter--VB