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Sinjar en ruinas una década después de las atrocidades del EI en Irak
Cuando Bassem Eido pone un pie fuera de su casa en Sinjar, un paisaje de escombros le recuerda las atrocidades cometidas hace una década por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) en esta región del norte de Irak.
En agosto de 2014, el grupo EI invadió el Monte Sinjar, hogar histórico de la minoría yazidí en el norte de Irak, donde cometieron un sinnúmero de atrocidades.
Pese a que las autoridades proclamaron su victoria frente al EI tres años después, gran parte de la región sigue en ruinas y pocas familias yazidíes han regresado.
"De 80 familias, solo diez han vuelto", afirma Bassem, de 20 años. "Los demás dicen que se quedaron sin hogar, así que no tienen motivos para volver", añade este habitante de Solagh, un pueblo en las alturas de Sinjar.
En el pueblo reina un paisaje de desolación. Inmuebles derrumbados, tuberías oxidadas y ruinas invadidas por la maleza. Algunos pudieron reconstruir sus casas, otros acampan en tiendas de campaña levantadas entre los escombros de sus propiedades.
"¿Cómo podemos tener paz en nuestros corazones? Nada ni nadie nos hará olvidar lo que pasó", dice Bassem.
El EI considera "herejes" a los yazidíes y su esotérica religión monoteísta. Miles de hombres de esta comunidad de habla kurda fueron masacrados, niños reclutados, mujeres vendidas a los yihadistas y forzadas a ser esclavas sexuales.
A pesar de los horrores del pasado, Bassem acompañó a su padre cuando éste quiso regresar para pasar su vejez en su pueblo natal. Con la ayuda de una oenegé pudieron restaurar su casa, incendiada. La mayoría de habitantes no tienen recursos para financiar ellos mismos las obras, explica Bassem.
Si se reconstruyera la región, "todos volverían", asegura.
- A la espera de compensaciones financieras -
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 183.000 personas oriundas de Sinjar siguen desplazadas.
Las autoridades iraquíes prometieron liberar fondos para acelerar las indemnizaciones financieras para las víctimas de los abusos yihadistas y reconstruir Sinjar.
El gobierno se fijó como fecha límite el 30 de julio para cerrar los últimos campos de desplazados, donde todavía viven miles de familias yazidíes.
Pueblos enteros "siguen arrasados y la mayoría de las familias no han recibido ninguna compensación", afirma Nayef Sido, un funcionario local.
"Una vivienda segura y habitable es esencial, pero también se necesita infraestructuras públicas, carreteras, escuelas y edificios gubernamentales", estima Feermena Kheder, asesora jurídica del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
Su oenegé ayuda a las familias que intentan obtener una indemnización. Es el caso de Hadla Kassem, que lleva tres años esperando una indemnización por su casa destruida.
En su pueblo de Kojo, esta mujer de 40 años perdió a 40 miembros de su familia asesinados por los yihadistas, entre ellos sus padres y un hermano. Hoy, para obtener la compensación a la que tiene derecho, debe enfrentarse al laberinto de la burocracia iraquí.
Las autoridades "no han encontrado todas las fosas comunes, los expedientes de los mártires no han sido todos procesados, los que viven en los campos no han regresado", resume Kassem. "Necesitamos una solución", urge.
- Luchas de poder -
En los últimos años también ha habido una lucha de poder entre una multitud de actores, lo que obstaculiza el regreso a la normalidad en la región.
A finales de 2020 el gobierno federal de Bagdad firmó un acuerdo con Erbil, capital del Kurdistán autónomo, con la esperanza de aliviar las tensiones y garantizar la reconstrucción. Pero hoy las tensiones persisten.
En esta región están presentes el ejército iraquí, los exparamilitares de Hashd al Shaabi y los combatientes yazidíes afiliados a los rebeldes kurdos turcos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ellos mismos blanco esporádico de bombardeos desde la vecina Turquía.
"Cada parte quiere más control", reconoce un responsable de seguridad bajo condición de anonimato.
En 2022, los enfrentamientos entre el ejército y los combatientes yazidíes obligaron a 10.000 personas a abandonar Sinjar y algunas se reasentaron en campamentos.
"En lugar de centrarse en cerrar los campos, el gobierno debería invertir en asegurar y reconstruir Sinjar, convirtiéndolo en un lugar al que la gente quiera regresar", estima Sarah Sanbar, investigadora de Human Rights Watch (HRW).
Bagdad y Erbil se disputan el poder en Sinjar, pero "nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad", lamenta.
P.Vogel--VB