Volkswacht Bodensee - España quiere conceder la nacionalidad a decenas de miles de saharauis occidentales

La votación del texto -que aún debe pasar por su trámite en el Senado, antes de entrar en vigor- se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Madrid y Rabat, tras la entrada masiva desde Marruecos de decenas de miles de migrantes al enclave norafricano español de Ceuta a finales de julio.

Esta ley prevé conceder la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, fecha considerada como el fin del proceso de descolonización, y a sus hijos.

Aunque no se conoce la cantidad exacta de potenciales beneficiarios, algunas estimaciones los cifran en unos 80.000, cantidad que podría alcanzar los casi 200.000 incluyendo a los descendientes.

Colonia española hasta 1975, el Sáhara Occidental está controlado en su mayor parte por Marruecos, aunque Naciones Unidas sigue considerándolo un territorio no autónomo. Desde hace 50 años, Rabat y los independentistas del Frente Polisario, que cuentan con el apoyo de Argelia, están enfrentados por su dominio.

A pesar de que Madrid apoya desde 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, algunos analistas consideran que la crisis en Ceuta podría haber sido orquestada por Marruecos en protesta por una visita reciente de Sánchez a Argelia, importante proveedor de gas del mercado español.

El proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis causó división en Marruecos, aunque el gobierno no expresó por el momento ninguna condena de forma oficial.

Según los medios marroquíes, Ramadan Messaoud, miembro del Consejo real consultivo para los Asuntos del Sáhara, estimó en julio que Rabat no tenía "ningún problema" con que los saharauis pudieran obtener la nacionalidad española, recordando que otros habitantes de este territorio ya la habían adquirido "en los últimos años".

La iniciativa a favor de los saharauis recuerda otra ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, que concede en este caso la nacionalidad española a los descendientes de españoles que huyeron del país durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

El Tribunal Supremo español acaba, sin embargo, de suspender provisionalmente la inscripción en el censo electoral de algunos de sus beneficiarios, exigiendo que demuestren que efectivamente sus antepasados fueron exiliados políticos para obtener el derecho al voto.

La oposición de derecha y extrema derecha ha sido muy crítica con esta norma, que consideran un intento de Sánchez de sumar votantes afines al censo electoral de cara a los comicios de 2027.

R.Buehler--VB