Volkswacht Bodensee - Alentado por las medidas de Trump, Orban quiere "borrar del mapa" a las ONG de Hungría

"En Estados Unidos decidieron revisar línea por línea miles de millones de dólares de ayuda al exterior" y "nosotros estamos haciendo lo mismo en casa", dijo el líder nacionalista, alabando "el viento purificador del tornado de Trump".

"Todo el dinero procedente de Estados Unidos debe trascender y quienes lo reciban deben ser sancionados", dijo Orban en su entrevista semanal con la radio estatal.

"No se puede aceptar dinero del extranjero para influir en la política húngara", agregó.

En el poder desde 2010, Orban instauró una autoridad de vigilancia de los que él considera como agentes del extranjero.

La Comisión Europea, que considera que se trata de una violación del derecho europeo, presentó una demanda contra Hungría ante la justicia europea.

Alentado por la política de su "amigo" Trump, Orban considera que "llegó el momento de eliminar esas redes internacionales, de borrarlas del mapa, de hacer legalmente imposible su existencia".

La USAID, creada en 1961 por una ley del Congreso estadounidense, administra un presupuesto de unos 40.000 millones de dólares destinado a la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo en el mundo.

La agencia es criticada por países con gobiernos autoritarios, que reprimen a la sociedad civil y a las oenegés críticas del poder.

Rusia, que en 2012 había expulsado a la USAID de su territorio, se congratuló el jueves del cierre de "esa máquina de injerencia en los asuntos internos" de los países.

En la misma línea, Orban fustigó "una herramienta de influencia política" para promover "una agenda proinmigración, antifamilia y antigénero" y apoyar a movimientos antigubernamentales como en "Serbia y Eslovaquia", dos aliados de Hungría sacudidos por manifestaciones masivas.

Orban anunció además en la red X la intención de revisar la situación de Hungría en la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que Trump anunciara sanciones contra esa institución.

Hungría firmó el Estatuto de Roma, tratado internacional por el que se creó la CPI en 1999, y lo ratificó dos años después, durante el primer mandato de Orban.

Pero no ha validado el convenio asociado por motivos constitucionales, por lo que alega que no está obligada a acatar las decisiones del tribunal con sede en La Haya.

R.Braegger--VB