Volkswacht Bodensee - Rolexgate: la presidenta de Perú asegura que son relojes prestados

La indagatoria por el caso conocido como Rolexgate que sacude a su frágil gobierno comenzó a las 8h30 locales (13h30 GMT) y concluyó luego de cinco horas y media, cuando Boluarte se retiró de la fiscalía sin declarar a la prensa.

Horas despúes, la presidenta hizo una declaración en la que aseguró que los tres relojes Rolex por los que es investigada no son suyos sino que se los prestó un amigo cercano, gobernador regional y aliado político.

"Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", dijo Boluarte, quien señaló que ya los devolvió a su dueño.

"Todo lo que se ha dicho es falso", enfatizó respecto a las joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía. Según Boluarte su bisutería es marca Unique.

- Bajo la mira del fiscal -

El fiscal general, Juan Carlos Villena, estuvo a cargo de la "toma de declaraciones a la presidenta de la República", informó el Ministerio Público a través de la red social X.

Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.

La indagación se produce luego de que la policía allanara su vivienda y el despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.

Fuera de la fiscalía grupos pequeños de simpatizantes y detractores se apostaron mientras Boluarte declaraba.

"¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas!", "¡Dina resiste, Dina no estás sola", fueron consignas de alrededor de medio centenar de manifestantes, la mayoría mujeres, en apoyo a la mandataria.

Pero no todos los gritos fueron amables. "¡Dina, la cárcel te espera!", clamaba a todo pulmón un pequeño grupo a corta distancia.

"Qué diga la verdad, dónde están los relojes, queremos que la metan presa", dijo a la AFP una mujer que pidió reserva de su nombre.

El gobierno espera que el caso se cierre con la versión de Boluarte para poner fin a un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, ambos desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso.

- Pulsera Cartier bajo sospecha -

La fiscalía solicitó explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269.000 dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022.

También sobre "la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los 500.000 dólares", según el fiscal general.

Las indagaciones por "la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos" comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

Con Boluarte suman seis los presidentes salpicados por denuncias de corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.

- "Manos limpias" -

"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.

La fiscalía la puede investigar por ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

Si dimite, asume la presidencia el jefe del Congreso que deberá convocar a elecciones generales en seis meses.

Boluarte asumió como presidenta en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido Castillo.

La fiscalía ya la investiga desde 2023 por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", por la muerte de más de 50 civiles "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023" que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

El escándalo estalló cuando su popularidad no supera el 10% en las encuestas.

H.Gerber--VB