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Seguridad, el principal eje en el debate presidencial de Ecuador
Militarizar cárceles, puertos y aduanas, reforzar la seguridad en escuelas ante la creciente violencia y una consulta popular en Ecuador plantearon este domingo los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa, de cara al balotaje del 15 de octubre.
Los candidatos, que han denunciado amenazas en su contra, asistieron al encuentro en medio de un fuerte operativo de seguridad y luciendo chalecos antibalas, que se retiraron durante el debate.
La campaña presidencial en Ecuador, un país azotado en los últimos años por el narcotráfico y las bandas criminales, se empañó tras el asesinato a tiros del candidato centrista Fernando Villavicencio el 9 de agosto.
González, afín al exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017), sostuvo que aplicará "mano dura" contra las bandas que "siembran terror" en Ecuador, país ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína.
"Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país", aseguró la candidata.
Agregó que parte de su trabajo en el eje educativo será dotar de seguridad a las escuelas "con cámaras de vigilancia, policía equipada y patrullaje".
En Durán, una de las ciudades más violentas del país, el ministerio de Educación debió suspender temporalmente -durante septiembre- las clases presenciales en 12 instituciones por el aumento de la criminalidad.
Por su lado, el exdiputado Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, señaló la necesidad de militarizar las fronteras y crear cárceles barcaza para aislar a los reclusos más violentos.
Desde febrero de 2021, las penitenciarías ecuatorianas han sido escenario de masacres que dejan más de 430 presos muertos, decenas de ellos desmembrados e incinerados.
Para complementar su plan de combate contra la criminalidad, Noboa planteó una consulta popular que incluirá una pregunta sobre la implementación de un sistema de jurados para resolver casos de corrupción y crimen organizado.
El nuevo presidente completará el actual período de cuatro años (hasta mayo de 2025) luego de que el gobernante derechista Guillermo Lasso disolviera el Congreso de mayoría opositora en mayo como salida a una grave crisis política, lo que dio paso a elecciones generales anticipadas.
L.Maurer--VB