Volkswacht Bodensee - Cólera en el sector de la fresa española por una amenaza de boicot alemana

Es un "duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país", denunció en un comunicado el sindicato agrícola Asja, lamentando una "agresión hacia miles de productores y sus familias que trabajan duro todo el año para sacar adelante sus explotaciones".

Esta campaña contra las fresas cultivadas en la provincia de Huelva (región de Andalucía, sur), primera zona exportadora de frutos rojos de Europa, es "dañina para el conjunto" del sector, estimó por su lado la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa).

El motivo de la polémica es el llamamiento de la organización alemana Campact, suscrito por 162.000 personas, pidiendo a grandes cadenas alemanas de supermercados, como Lidl y Edeka, retirar de la venta las fresas producidas en Huelva.

El objetivo de la ONG es denunciar un proyecto de ley de la Junta de Andalucía, en manos del conservador Partido Popular (PP), que pretende legalizar las explotaciones ilegales de frutos rojos situadas cerca del parque natural de Doñana, refugio de millones de aves migratorias.

Según los grupos ecologistas, esta iniciativa podría suponer la legalización de 1.500 hectáreas de cultivos, la mayoría regados por pozos ilegales.

Esto podría poner en peligro el futuro de esta emblemática reserva, declarada por la Unesco patrimonio mundial, y amenazada de desertización.

Si la Junta de Andalucía se sale con la suya, se utilizará aún más agua para cultivar fresas", lo que "destruirá este frágil ecosistema", subraya Campact, que pide a los consumidores alemanes que dejen de comprar las "fresas de la sequía".

- "Injerencia" -

Esta campaña fue denunciada la semana pasada por el Partido Popular, que gobierna Andalucía y está en la oposición en España, que dice querer reparar una injusticia causada por una ley anterior, de 2014, que regularizó 9.000 hectáreas de cultivos ilegales... pero dejó fuera a varios cientos de agricultores.

La fresa de Huelva es víctima de "ataques injustos" por "cuestiones ideológicas", deploró Crespo, responsable de cuestiones agrícolas en el gobierno regional andaluz, acusando al gobierno español del socialista Pedro Sánchez de apoyar a Campact.

El lunes, la polémica subió de tono con la visita de una delegación de nueve parlamentarios alemanes de todas las tendencias políticas para analizar las consecuencias de la sequía y las "extracciones ilegales de agua" en la comarca de Doñana.

Esta visita de unos diputados de "un Parlamento extranjero" que pretenden "fiscalizar la producción de nuestros agricultores, especialmente la producción de la fresa en España, es absolutamente inaceptable. Es una injerencia que ningún gobierno decente debe tolerar", sentenció Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, que apoya la iniciativa del PP en Andalucía.

Un discurso compartido por el sindicato Asaja, que acusó al presidente socialista de apoyar esta "campaña de desprestigio" con tintes políticos, a unas semanas de las elecciones legislativas nacionales adelantadas del 23 de julio.

- "Negacionismo" -

Opuesto a la regularización de las explotaciones ilegales, Sánchez ha acusado reiteradamente al PP y a Vox de "negacionismo" climático y ha advertido a las autoridades andaluzas de posibles sanciones europeas.

Con este explosivo telón de fondo, la delegación de diputados alemanes anunció a última hora de la mañana del lunes que suspendía su visita, que debía finalizar el viernes, "en vista de la importancia política" adquirida por el viaje "en el contexto de las próximas elecciones legislativas".

"El propósito del viaje era intercambiar y recopilar información sobre un tema que es de interés para ambos países, a saber, el cambio climático y sus consecuencias", lamentó la delegación, expresando su confianza en poder "continuar con este intercambio en el futuro".

Según Interfresa, la provincia de Huelva produce 300.000 toneladas de fresas al año, un 90% de la producción española, y genera más de 100.000 empleos directos. Alemania es su primer mercado de exportación, con unas compras de 186 millones de euros al año (unos 200 millones de dólares).

A principios de 2022, una veintena de cadenas europeas de supermercados, entre ellas Lidl, Aldi o Sainsbury's, pidieron al gobierno andaluz que renunciara a su proyecto.

F.Pavlenko--BTB