Volkswacht Bodensee - TEDH examina denuncia de 6 jóvenes portugueses contra 32 Estados por inacción climática

"El caso concierne el impacto del cambio climático que los demandantes consideran imputable a los Estados, especialmente el calentamiento global traducido en olas de calor e incendios forestales que afectan a sus vidas y su salud", declaró Siofra O'Leary, presidenta de la Gran Sala del tribunal.

La demanda, en la senda de otras acciones recientes para conseguir justicia climática, tuvo como desencadenante los masivos incendios forestales de 2017 en Portugal que mataron a más de cien personas.

Los demandantes, de 11 a 24 años, alegan que sufren ansiedad por su salud ante la crisis climática.

Algunos alegan alergias y problemas respiratorios tanto durante los incendios como después y sostienen que sus dolencias pueden persistir si el planeta sigue calentándose.

"Los gobiernos europeos no nos protegen", lamentó André Oliveira, de 15 años, uno de los denunciantes, que llevaron por primera vez ante el TEDH, con sede en Estrasburgo (este de Francia), un caso relacionado con el calentamiento global.

André y sus cinco codemandantes acusan a los 27 países de la Unión Europea, así como a Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido de no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero.

En términos jurídicos, aseguran que esta inacción vulnera su derecho a la vida y su derecho al respeto a la vida privada y familiar, establecidos por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Más de 80 abogados y juristas de los Estados incriminados acudieron a la audiencia, salvo Rusia.

Tampoco hubo representantes de Ucrania, contra la cual los demandantes abandonaron su denuncia.

El TEDH catalogó el caso como "cuestión prioritaria" y lo encomendó a la Gran Sala, la de mayor jerarquía dentro del tribunal, integrada por 17 jueces.

- "Cuestión prioritaria" -

Los países denunciados alegan sin embargo que el TEDH es una corte a la que se recurre cuando se agotaron las vías judiciales nacionales, algo que no ocurrió, porque los jóvenes elevaron directamente la causa ante ese tribunal.

También cuestionan que los demandantes no sean ciudadanos de los países contra los que presentaron sus querellas.

"Tomamos en consideración la gravedad de la lucha contra el cambio climático", pero "los demandantes son portugueses, residen en Portugal" y sus instancias de referencia judiciales son "de Portugal", adujo la representante del gobierno británico, Sudhanshu Swaroop, en nombre de los estados incriminados.

Ricardo Matos, representante del gobierno portugués, aseguró que los jóvenes "no demostraron que fueron personalmente víctimas. Las simples conjeturas no son suficientes".

Los denunciantes argumentan que intentar presentar casos separados en los 32 países sería una "carga excesiva y desproporcionada" en un caso que requiere atención urgente.

- "Intentan evadir el escrutinio" -

Los abogados de los seis jóvenes declararon que tales argumentos son la respuesta típica de los gobiernos en casos climáticos.

"Es un patrón con el que intentan evadir el escrutinio de sus políticas climáticas centrándose únicamente en los criterios de admisibilidad", indicó Gearoid O Cuinn, director de la oenegé británica Global Legal Action Network (GLAN), que respalda a los denunciantes.

"El mejor resultado es que se declare que estos 32 países han violado los derechos de estas personas y que el tribunal emita una decisión jurídicamente vinculante que les obligue a cambiar sus políticas, a promulgar recortes profundos y urgentes de las emisiones de gases de efecto invernadero", añadió.

Es probable que pasen varios meses antes de que el tribunal decida si puede admitir el caso.

Hasta ahora, las decisiones del tribunal en materia de medio ambiente no abarcaban el calentamiento global, sino cuestiones como las catástrofes naturales y la contaminación industrial. Sin embargo, los activistas recurren cada vez más a la justicia para forzar a los gobiernos a actuar contra el cambio climático.

"El gran avance del último par de años fue aclarar que esta conexión entre derechos humanos y cambio climático es muy obvia, muy clara", dijo Maria-Antonia Tigre, coautora de un informe sobre esta cuestión publicado por el Sabin Center de la Universidad de Columbia.

"Podemos usar la ley de derechos humanos (...) para forzar más acciones de los Estados y las corporaciones", añadió.

S.Leonhard--VB