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La policía brasileña detiene a un banquero en un escándalo que sacude al poder
Una comisión del Congreso de Brasil investigará a un hijo de Lula en un caso de fraude a las pensiones
Una comisión especial del Congreso de Brasil aprobó este jueves investigar las cuentas bancarias de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de beneficiarse de un esquema de fraude al sistema de pensionados.
La votación fue seguida de una trifulca entre legisladores opositores y oficialistas, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.
Un juez de la corte suprema ya había autorizado a la policía a acceder a los datos financieros del hijo de Lula, pero mantuvo esa decisión en secreto hasta después de la votación en el Congreso, confirmó este jueves a la AFP una fuente judicial.
Los parlamentarios investigan desde el año pasado un caso de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Según la resolución de este jueves, existe "la sospecha" de que "Lulinha" fue "socio oculto" en emprendimientos "financiados con recursos supuestamente desviados del INSS".
El documento, que cita una investigación policial, también menciona un pago de 300.000 reales (unos 58.000 dólares), del cual "Lulinha" podría ser destinatario.
Estas comisiones del Congreso brasileño tienen facultades de abrir pesquisas independientes.
Tras la votación, la presidencia del Senado recibió un pedido del Partido de los Trabajadores de Lula para anularla, y analizará las pruebas, indicó su asesoría a la AFP.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Viana, afirmó a la AFP que mientras tanto la decisión queda en pie.
Este escándalo provocó la renuncia en mayo pasado del ministro de Seguridad Social de Lula.
La Contraloría General detectó descuentos indebidos de las pensiones por servicios que muchos jubilados afirman no haber aprobado o que nunca recibieron.
La investigación se concentra en unos 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.
Lula ha dicho que todos los responsables deben responder ante las autoridades sin excepciones.
"Nadie quedará exento. Si un hijo mío estuviese involucrado, será investigado", dijo en diciembre.
El mandatario izquierdista, que fue encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de ver su condena anulada, aspira a la reelección en las presidenciales de octubre.
M.Schneider--VB