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El Gobierno español multa a Airbnb con 64 millones de euros por anuncios ilegales de viviendas turísticas
El Gobierno español sancionó a la compañía Airbnb con 64 millones de euros principalmente por anunciar viviendas turísticas sin licencia en su plataforma de alquiler, informó el lunes el Ministerio de Consumo.
El papel de estas compañías suscita un intenso debate en España, especialmente en las grandes ciudades turísticas, donde muchos habitantes les reprochan su contribución a la fuerte escalada de los alquileres.
Esta resolución, que se produce por las infracciones detectadas en 65.122 anuncios, "deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo", indicó el organismo en un comunicado sobre la multa a la compañía, que se eleva a 64 millones de euros (unos 75 millones de dólares).
"La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta", agregó.
"Vamos a seguir actuando con total determinación para erradicar esos comportamientos", indicó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una rueda de prensa en Madrid, donde subrayó que en España "se va a cumplir la ley y no hay empresa, por grande o poderosa que sea, que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley".
Airbnb expresó, de su lado, su confianza en "que las acciones del Ministerio de Consumo son contrarias a la normativa aplicable en España" y anunció su intención de "recurrir" la sanción ante los tribunales, según indicó un portavoz de la compañía a AFP.
En 2024, España recibió 94 millones de visitantes, una cantidad récord que la convierte en el segundo destino turístico del mundo por detrás de Francia.
Pero, a pesar de que el turismo es un potente motor de la economía, muchos españoles denuncian la congestión de las infraestructuras, la desaparición del comercio tradicional y, especialmente, el encarecimiento de los alquileres, ya que muchos propietarios optan por el rentable alquiler para visitantes.
Para hacer frente a una indignación creciente, algunos municipios anunciaron medidas en los últimos meses, como el Ayuntamiento de Barcelona (noreste), que comunicó su intención de extinguir las licencias de los alrededor de 10.000 apartamentos turísticos que hay en la ciudad de aquí a finales de 2028.
En su rueda de prensa de balance de los últimos meses, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, destacó este lunes "la intervención pública" en este mercado para ayudar a "resolver la crisis de la vivienda".
E.Gasser--VB