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Absuelven en Guatemala a un jefe militar por la muerte de seis indígenas en 2012
Un tribunal de Guatemala absolvió este miércoles a un coronel del ejército por la muerte de seis indígenas en el desalojo de una ruta bloqueada en 2012, pero condenó por delitos menores a otros siete militares, en un fallo recibido con muestras de tristeza por familiares de las víctimas.
El coronel Juan Chiroy y un soldado fueron absueltos del cargo de "ejecución extrajudicial", mientras un sargento y otros seis soldados fueron condenados a siete años y 10 meses de prisión por "lesión en riña" o "disparo de arma de fuego", según la sentencia del tribunal presidido por la jueza María Eugenia Castellanos.
Los hechos ocurrieron durante el desalojo de una ruta bloqueada el 4 de octubre de 2012, en un caso conocido como la "Masacre de la Cumbre de Alaska", que los líderes indígenas describen como la primera matanza perpetrada por las fuerzas de seguridad tras el fin de la guerra civil (1960-1996).
"Hubo una falta de análisis integral del caso y también una interpretación errónea del delito de ejecución extrajudicial. Como querellantes adhesivos hicimos énfasis que este delito tiene varios supuestos, uno de ellos ocurre cuando hay arbitrariedad en la actividad de las fuerzas de seguridad o exceso en el uso de la fuerza", dijo a la AFP la abogada de las familias de las víctimas, Lucía Xiloj.
"Estamos analizando con las víctimas [si apelamos], seguramente sí, pero es una decisión que ellas van a tomar", agregó.
Decenas de familiares de las víctimas y otros indígenas asistieron a la lectura del fallo y se retiraron con muestras de tristeza del tribunal, observó un periodista de la AFP. También acudieron familiares de los acusados, incluida la esposa del coronel, quien abrazó y besó a su marido tras el fallo.
Seis hombres de la etnia maya k'iche' murieron en este hecho ocurrido bajo el gobierno del entonces presidente derechista Otto Pérez (2012-2015), condenado en 2022 a 16 años de cárcel por corrupción. También resultaron heridas más de 30 personas, pero los militares solo fueron juzgados por lesiones a 14 personas.
El hecho ocurrió en el sitio conocido como la Cumbre de Alaska por la altitud y el clima frío en ese tramo de la ruta entre los departamentos de Totonicapán y Sololá, a unos 100 km al oeste de la capital.
"Mi petición es que me absuelvan [...], porque yo lo que vi en esta audiencia es que no pueden comprobar que cometí un delito", dijo al tribunal el soldado Abraham Gua, quien fue finalmente condenado por "disparo de arma de fuego".
Los nueve militares permanecían bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país, pero el coronel Chiroy y el soldado Manuel Lima quedaron en libertad tras el fallo.
Antes de la audiencia, unos 50 indígenas hicieron una breve ceremonia maya, con flores y velas encendidas, afuera de los tribunales.
- "Derramaron mucha sangre" -
El juicio inició el 15 de junio pasado en un tribunal de casos de alto impacto de la capital, tras casi 11 años de espera debido a recursos que fueron atrasando el proceso.
Los nueve militares enfrentaban cargos por "ejecución extrajudicial" y "ejecución extrajudicial en grado de tentativa" (por los heridos) y arriesgaban condenas de entre 20 y 50 años de prisión.
"No se borra de mi corazón todo lo que ha pasado [...], porque ellos llegaron a masacrar a mi esposo, derramaron mucha sangre", indicó María Yax, de 45 años, vestida con su colorido traje regional, quien esperaba que los nueve militares fueran condenados.
El esposo de Yax, José Puac, era un zapatero de 33 años que junto a miles de lugareños protestaba por el incremento a la tarifa de la luz y otras demandas.
Los otros cinco fallecidos son Jesús Puac, Félix Sapón, Santos Hernández, Rafael Batz y Jesús Caxaj.
En el juicio declararon más de 90 testigos, la mayoría lugareños, se presentaron unos 300 documentos y hubo casi 30 peritajes forenses.
- "Justicia divina" -
"Cambió mi vida, ya no pude seguir mis negocios, mi trabajo [de confección de textiles]. Nos tienen que reparar este daño que hicieron con nosotros", indicó antes que el tribunal dictara sentencia Enrique García, de 52 años, quien ahora se desplaza en silla de ruedas tras perder la pierna derecha por una herida de bala.
"Si no se hace justicia hay una justicia divina y ellos tienen que pagar", agregó García, afirmando que "delante de Dios ellos tienen manchadas sus manos de sangre porque mataron a nuestros compañeros".
T.Germann--VB