Volkswacht Bodensee - El nuevo fiscal anuncia el cierre de la polémica unidad contra la impunidad en Guatemala

El mandato de Porras estuvo marcado por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y por procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.

"A partir del día de mañana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) entra en una etapa de liquidación" porque "lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana", dijo el funcionario en su primera rueda de prensa.

García Luna consideró que esa unidad no está "cumpliendo" con los objetivos y el cierre servirá para "revisar cada uno de los expedientes" que manejaba, con el fin de verificar si los casos se basaban en argumentos fundamentados.

Asimismo, dijo que hará un "análisis" sobre la actuación de Porras y de "cualquier otro integrante" de la Fiscalía por la persecución impulsada contra opositores, "cumpliendo el principio de legalidad y objetividad".

El nuevo fiscal insistió en que la institución que preside será independiente e imparcial pues "no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario y no está al servicio de las intenciones particulares de ningún sector".

En un mensaje televisado este domingo, el presidente Arévalo denominó la llegada de García Luna "un cambio anhelado por todos" los guatemaltecos.

La salida de Porras "pone fin al secuestro" de la Fiscalía por parte de "redes políticas criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad", afirmó el mandatario, tras considerar que esa gestión causó "un profundo daño" al país.

La misión de acompañamiento de la Unión Europea en Guatemala, en tanto, saludó en un comunicado la toma de posesión de García Luna y dijo que el cambio representa "una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización que han afectado, entre otros, a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y otros representantes de la sociedad civil".

Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.

La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.

M.Vogt--VB