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Expertos de la ONU vinculan a la fiscal de Guatemala con adopciones ilegales
Expertos de la ONU vincularon este lunes a la poderosa fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que dijo rechazar "categóricamente".
La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), un cargo que le daría inmunidad.
Los especialistas de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales", tras "su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996".
El grupo señaló que los menores fueron entregados en adopción tras ser llevados al Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras era directora y también "tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982", según el comunicado.
"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas", escribió Porras en un mensaje en la red social X dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La fiscal, de 72 años, aseguró que exigirá que esos señalamientos "sean objeto de revisión, aclaración y corrección".
Los expertos pidieron "investigaciones independientes sobre las alegaciones" de que en esas "adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo" a Porras.
La fiscal está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por abrir procesos penales contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales.
Además, por haber intentado hace dos años impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo, a quien también ha tratado de despojar de su inmunidad.
- Ni un solo voto -
El grupo de expertos de la ONU criticó que la fiscal se haya postulado para ser una de los 10 magistrados -titulares y suplentes- de la CC, máxima instancia judicial del país, e instaron a quienes los eligen a tener "cautela" ante las "graves alegaciones" denunciadas.
La elección de los magistrados, un proceso que dura más de dos meses, es clave en el pulso por el control de la justicia en Guatemala, influenciada por una élite política y económica señalada de corrupta.
La fiscal general no obtuvo ningún voto este lunes en la elección que correspondía a la estatal Universidad de San Carlos.
En un comunicado enviado a la AFP, la Fiscalía dijo lamentar "el acoso constante" y "la utilización de argumentos sin sustento para intentar condicionar" la participación de Porras "en procesos de elección".
Pese al revés de este lunes, Porras podría presentar otra candidatura pues aún el presidente, la Corte Suprema y el Congreso deben escoger a seis magistrados. Dos ya fueron designados por el Colegio de Abogados la semana pasada.
A la CC se le conoce como la "corte celestial" por sus fallos inapelables. Las elecciones son seguidas con atención por organismos de derechos humanos internacionales, Estados Unidos y la OEA.
Guatemala también designará este año a un nuevo fiscal general, a magistrados del tribunal electoral y al contralor.
En medio de esas sensibles elecciones, Arévalo ha atribuido una ola de violencia que recientemente sacudió al país a un presunto complot para desestabilizar a su gobierno fraguado, según él, por esa "alianza" entre políticos y criminales con la que vincula a Porras.
Este lunes concluyó un estado de sitio que declaró el mandatario tras varios ataques armados de la pandilla Barrio 18 que dejaron 11 policías muertos.
Entre los expertos que firman el comunicado de Ginebra están la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni, Grażyna Baranowska, Aua Baldé y Mohammed Al-Obaidi.
C.Kreuzer--VB