Volkswacht Bodensee - La fiscalía de Guatemala pide retirar la inmunidad al presidente por la fuga de pandilleros

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18 -declarada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala-, de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.

El Ministerio Público (fiscalía) señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de "incumplimiento de deberes" por la evasión.

La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupta" y "antidemocrática", mantiene un enfrentamiento con el presidente desde que ganó las elecciones de 2023 y ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto.

Arévalo carece de facultades legales para remover a Porras, cuyo mandato rige hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

La nueva petición de retiro de inmunidad, que alcanza también a la vicepresidenta Karin Herrera, fue presentada porque "existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas" en el sistema penitenciario, agregó la fiscalía.

- Burdos ataques -

El gobierno de Arévalo, en un mensaje enviado a periodistas, calificó la solicitud como "otro intento ridículo por parte" de la Fiscalía encabezada por Porras.

"Como es costumbre, (la Fiscalía) enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción", afirmó.

Por la fuga, el presidente destituyó al ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y nombró como sustituto al juez de carrera Marco Antonio Villeda.

Al asumir el cargo el 17 de octubre, el nuevo ministro pidió apoyo a Estados Unidos, que calificó de "inaceptable" el escape, para que el FBI participe en la recaptura de los pandilleros, pues hasta el momento solo han sido detenidos cuatro de los fugados.

Además, el Ejecutivo anunció la construcción de una cárcel solo para pandilleros, con tecnología biométrica y bloqueadores de la señal de telecomunicaciones, debido a que la mayoría de llamadas telefónicas para extorsionar salen de las prisiones.

A raíz de la fuga, el 21 de octubre el Congreso guatemalteco declaró a las pandillas como organizaciones "terroristas" y elevó las penas de cárcel contra sus integrantes.

La solicitud de la fiscalía ocurre en medio de una nueva ofensiva de Porras.

El viernes, el juez Fredy Orellana, a pedido de la fiscalía, ordenó al tribunal electoral la anulación absoluta de Semilla, el partido del mandatario, algo que el presidente consideró como un intento para revocar los cargos obtenidos y lo calificó de un nuevo intento de "golpe de Estado" de Porras.

La Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido del gobierno guatemalteco, tendrá una sesión este jueves en Washington para analizar "las amenazas al ordenamiento constitucional y democrático" en Guatemala.

Este miércoles, la máxima instancia judicial del país, la Corte Constitucional, ratificó a Arévalo al dar "con lugar" un recurso de amparo solicitado por dos abogados que denunciaron que la orden de Orellana amenazaba al gobernante, diputados y otros funcionarios electos por Semilla.

N.Schaad--VB