Volkswacht Bodensee - Justicia británica autoriza el plan de expulsión de migrantes ilegales a Ruanda

El primer vuelo, con una treintena de migrantes, está previsto para el próximo martes.

Intentando bloquearlo, un sindicato y dos oenegés lanzaron una acción judicial urgente el pasado miércoles ante un tribunal londinense.

Pero, tras un día de vistas, el juez desestimó sus argumentos considerando "importante para el interés público que la ministra del Interior pueda aplicar las decisiones de control de la inmigración".

Los demandates, entre ellos las oenegés Care4Calais y Detention Action y varios solicitantes de asilo, para quienes esta se trata de una "política ilegal", presentaron inmediatemante un recurso que deberá ser examinado el lunes.

El gobierno británico negoció hace unos meses con Ruanda enviar a ese país con un preocupante balance en materia de derechos humanos a migrantes y refugiados que entren en el Reino Unido clandestinamente.

Su objetivo es, según Londres, desalentar los cruces de migrantes desde las costas francesas. En lo que va de año, más de 10.000 llegaron ilegalmente al país.

Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes, recibirá en un primer momento 120 millones de libras (157 millones de dólares, 144 millones de euros) para acogerlos y "darles una vía legal para la residencia" a fin de que puedan "establecerse de forma permanente, si así lo desean", según el canciller del país africano, Vincent Biruta.

Según Care4Calais, unos 35 sudaneses, 18 sirios, 14 iraníes, 11 egipcios y 9 afganos que huyeron de los talibanes se encuentran entre los más de 130 solicitantes de asilo a los que se les notificó su próxima expulsión.

Sin embargo, más de 90 de los afectados ya han presentado recursos legales para permanecer en el Reino Unido, según los abogados.

Los migrantes concernidos están "abrumados por la conmoción y la desesperación", afirmó Clare Moseley, fundadora de Care4Calais.

"Muchos vinieron al Reino Unido creyendo que era un buen lugar que los trataría de forma más justa que los países de los que huyeron", agregó.

- ACNUR rechaza el plan -

En una sala abarratoda, Laura Dubinsky, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la ONU "no respalda en absoluto el acuerdo", que resulta "ilegal por una serie de razones" y "contiene salvaguardias inadecuadas".

"Queremos alertar a este tribunal de las graves preocupaciones" que suscita este el plan, que podría causar "daños graves e irreparables" a los refugiados, subrayó.

El abogado Raza Husain, representante de los solicitantes de asilo, calificó de "irracionales" las apreciaciones del gobierno británico sobre la seguridad en Ruanda.

Las oenegés también temen por los demandantes de asilo LGTBQ+, después de que el propio ministerio del Interior británico admitiese sus "preocupaciones" sobre el trato reservado a las minorías sexuales y de género en ese país africano.

Sin embargo, el juez consideró que "no existe ninguna posibilidad realista (...) de maltrato".

En opinión de James Wilson, director adjunto de Detention Action, la ministra británica del Interior, Priti Patel, "hizo oídos sordos a los numerosos y claros peligros y violaciones de los derechos humanos que [la expulsión] infligiría a las personas que solicitan asilo".

"Es vital que las nuevas políticas del gobierno respeten y defiendan las leyes que todos, como sociedad, hemos acordado seguir. Por eso pedimos una orden judicial que impida que ese avión hacia Ruanda despegue", agregó.

Patel reconoció a finales de mayo que la nueva política se enfrentaría a desafíos en los tribunales.

Pero aseguró: "No me dejaré disuadir y sigo plenamente comprometida con cumplir lo que el público británico espera".

El control de la migración fue uno de los principales temas en la campaña a favor del Brexit, que aupó a Johnson al poder.

D.Schneider--BTB