Volkswacht Bodensee - Corte IDH culpa a Argentina por faltar en prevenir e investigar atentado contra AMIA

"Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado" y "no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento", señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.

El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA en la capital argentina, y además de los muertos hubo más de 300 heridos, en un atentado hasta hoy impune.

El Estado argentino "conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo", según la resolución de la Corte IDH, leída por su presidenta, Nancy Hernández.

"A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación", agregó la sentencia.

"Es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado", aseveró el tribunal continental.

- Riesgo real -

Argentina "violó su obligación de prevención", mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas "que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA", como el atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos.

"El terrorismo es un fenómeno que pone en peligro los derechos y libertades de las personas y la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos", dijo el tribunal.

Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca logró sentarlos en el banquillo. Se sospecha además que tuvieron una poderosa conexión local, que aún no fue identificada.

En abril de 2024, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y días después el gobierno pidió la detención internacional del ministro de Interior de ese país, Ahmad Vahidi, uno de los señalados por el ataque, orden que fue calificada como "ilegal" por el gobierno iraní.

- "Encubrimiento" -

La Corte Interamericana alegó además que en el proceso judicial inicial sucedieron "irregularidades" por parte del Estado.

"Se tuvo por probado que agentes estatales (...) actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables", agregó.

En 2015 comenzó una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA para revisar el proceso inicial y determinó en 2019 "encubrimiento" por parte de Argentina que derivó en penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-99), pero sin determinar la razón del ocultamiento.

El encubrimiento consistió en pagarle al presunto vendedor de la camioneta-bomba, Carlos Telleldín, unos 400.000 dólares para que acusara falsamente a un grupo de policías mientras se ordenaba la libertad de los primeros imputados.

Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, Kirchner fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.

- Perjuicio a familiares -

El fallo señaló también que Argentina "violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas".

Desde el atentado hasta el inicio de la investigación, el Estado no permitió acceder a la información recabada sobre el suceso y los organismos de inteligencia clasificaron los archivos como "secretos".

"Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración", señaló el tribunal.

La Corte ordenó a Argentina como principales medidas de reparación remover los "obstáculos de facto" que mantienen "en la impunidad total" el caso; reabrir las investigaciones para "individualizar, juzgar y sancionar" a los responsables; y establecer la verdad de lo ocurrido.

G.Haefliger--VB