Volkswacht Bodensee - Hasta 17 años de cárcel para primeros condenados por asonada bolsonarista en Brasil

"El Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos", decidió condenar a "Aecio Lucio Costa Pereira a la pena de 17 años", afirmó la presidenta de la corte, Rosa Weber, al concluir el primero de los dos juicios contra los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que saquearon las sedes de poder en Brasilia, disconformes con la derrota electoral del ultraderechista.

Más tarde, la alta corte también sentenció a Thiago de Assis Mathar a 14 años de cárcel por los mismos delitos que Pereira.

En ambos casos, las condenas que prevalecieron fueron las más severas propuestas entre los once jueces del tribunal.

Pereira, un brasileño de 51 años oriundo del estado de Sao Paulo, participó de la invasión al Congreso, y fue condenado por delitos como tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.

También deberá pagar una multa individual y una indemnización por "daños morales y materiales colectivos" de 30 millones de reales (alrededor de USD 6 millones), junto con los demás sentenciados por la asonada.

El 8 de enero "no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia", lamentó Weber.

La invasión y saqueo a las sedes de la Presidencia, del Congreso y del propio tribunal supremo ocurrió apenas una semana después de la investidura de Lula, que ganó por estrecho margen las elecciones de octubre.

"El objetivo era, mediante el empleo de la violencia, sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales", afirmó Cristiano Zanin, uno de los jueces.

Además de invadir los edificios históricos diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer, los manifestantes rompieron vidrios, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos.

El juez relator, Alexandre de Moraes, quien propuso la pena de 17 años, dijo que los manifestantes querían "convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado".

Moraes mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba.

Apenas dos de los jueces desestimaron los cargos de tentativa de golpe.

"La deposición del gobierno hubiese dependido de actos que no estaban al alcance de esas personas", argumentó André Mendonça, uno de los magistrados que defendió esta postura.

Los abogados de Pereira sostuvieron que el imputado no estaba armado y que no cometió "ningún acto violento".

En el caso de Mathar, el otro condenado, este circuló por el gabinete presidencial en el Palacio del Planalto el día de la destrucción, destacó Moraes y comprobaron cámaras de seguridad.

"Vino para dar un golpe, para derrumbar el gobierno democráticamente electo. Pero fracasó y fue preso", dijo el relator.

El abogado de Mathar aseguró que su defendido ansiaba "un país mejor, no quería venir para hacer alboroto".

- Más de 200 juicios -

La fiscalía presentó 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen los primeros dos condenados. Un tercer juicio empezó este mismo jueves y un cuarto lo hará a continuación.

Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada.

El expresidente, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques, ha negado cualquier responsabilidad.

Previo al 8 de enero, miles de sus simpatizantes convencidos de que había sido víctima de fraude electoral promovieron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.

Miembros de la cúpula policial del Distrito Federal, región de Brasilia, fueron detenidos el mes pasado, acusados de "omisión" y tentativa de golpe de Estado, después de que las investigaciones revelaran una "alineación ideológica y de propósitos" con los manifestantes.

Además de las denuncias por los delitos más graves, la fiscalía analiza más de mil casos que en vez de "persecución penal" acabarán en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos.

R.Fischer--VB