Volkswacht Bodensee - España debe pagar a inversores por el fin de las ayudas a las energías renovables, afirma la justicia inglesa

Durante cuatro días de vistas celebradas en marzo ante el juez Peter Fraser, de la sección comercial de la Alta Corte de Londres, el gobierno de España invocó, entre otras cuestiones, la "inmunidad soberana" para intentar anular el registro ante la justicia inglesa de un laudo arbitral de 2018.

Este fue emitido por el centro internacional para el arreglo de diferendos sobre inversiones (CIADI) -organismo dependiente del Banco Mundial- y transformado en 2021 en decisión judicial en Londres.

El laudo impuso a España pagar 101 millones de euros más intereses, aproximadamente unos 120 millones de euros (128 millones de dólares) a las empresas Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L. y Energia Termosolar B.V.

Bajo el nombre Antin, estas invirtieron en 2008 en la construcción de la planta solar Andasol en Granada, aprovechando los incentivos financieros anunciados por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que fueron revocados retroactivamente en 2013 por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.

En una decisión con fecha del 24 de mayo pero divulgada el jueves, el juez Fraser consideró que "no existen motivos adecuados para anular la orden o denegar el reconocimiento del laudo".

"En todos los diferentes argumentos planteados por España en su demanda -los basados en la falta de jurisdicción o en la inmunidad, la falta de acuerdo de arbitraje, un laudo inválido y otros- (...) España ha fracasado", agregó.

El abogado Tariq Baloch, representante inglés del Estado español, también había alegado en marzo que los inversores "no divulgaron toda la información" al juez que efectuó el registro en Londres para transformarlo en fallo judicial. Pero Fraser rechazó asimismo este argumento.

"Nuestros clientes esperan que España opte ahora por respetar la decisión del tribunal, cumplir con el Estado de derecho, y pagar a nuestros clientes y a otros inversores en energías renovables lo que debe desde hace mucho tiempo", afirmó Nick Cherryman, representante legal de las empresas.

De no pagar, España podría ver sus bienes en Inglaterra confiscados por la justicia.

Contactado por AFP, el ministerio español de Transición Ecológica no quiso hacer "ningún comentario, por el momento" sobre el asunto.

Ahora "otros inversores en renovables no indemnizados pueden mirar al fallo en Londres, ya que España enfrenta 51 demandas" por la supresión de las ayudas a la renovables, con "daños reclamados que superan los 9.500 millones de dólares", subrayó el gabinete de Cherryman en un comunicado.

L.Dubois--BTB